CDE presenta acusación contra exgerentes de Nova Austral: pide cárcel y multas de casi $ 30.000 millones para cada uno

Cuatro años después de haber ingresado una querella, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó su acusación particular en contra de cinco exgerentes de la salmonera Nova Austral, por daños ambientales y fraude al fisco.

La acción legal se remite a hechos ocurrido entre los años 2016 y 2019 y se dirige en contra de ejecutivos que se desempeñaban en la empresa en esa época: Nicos Nicolaides, gerente general; Arturo Schofield, gerente de Producción; Drago Covacich, gerente regional de Magallanes; y Rigoberto Garrido e Isaac Ollivet-Besson, jefes de área.

Para cada uno de ellos, el CDE, representado por Claudio Benavides, abogado procurador fiscal de Punta Arenas, solicitó once años de presidio. En el desglose, son cuatro años de presidio menor en su grado máximo por daños a recursos hidrobiológicos a través de contaminantes y siete años de presidio mayor en su grado mínimo por delitos penales de fraude al fisco. En el caso de Covacich, además, se solicitaron otros 540 días de presidio menor por entregar falso testimonio ante la autoridad.

Asimismo, para cada uno de los ejecutivos, la acusación solicita una multa de 10.000 UTM (más de $650 millones) por el primer delito, y de $ 29.790 millones por el segundo.

Finalmente, el CDE también calculó daños por $ 59.580 millones -en total- y dejó deducida una demanda por indemnización de perjuicios por ese monto.

En esta misma causa penal, el CDE ya había logrado un acuerdo con la nueva administración de Nova Austral -hoy en un turbulento proceso de reorganización-, por el cual la salmonera se comprometió a disponer de unos $ 7.000 millones retenidos por la Tesorería General de la República (TGR) y donar terrenos al Gobierno Regional de Magallanes, entre otros.

Los hechos

Tras una investigación que considera 117 testigos, 4 peritos y más de 900 documentos adjuntos, el CDE relató que los gerentes “realizaron acciones directas tendientes a falsificar y adulterar los datos reales de siembra, cultivo, cosecha y mortalidad de cada centro de cultivo”.

Con esto, habrían obtenido beneficios vinculados a la Ley Navarino, que establece un régimen tributario y aduanero especial para las empresas que operen en la Región de Magallanes.

Según la acusación, los ejecutivos implementaron un programa paralelo al sistema de control de producción “Fish Talk”, que denominaron “Fish Talk Remoto”, mediante el cual adulteraron datos reales de siembra, cultivo, cosecha y mortandad.

“Se les enviaría a los jefes de los centros de cultivo un archivo que estos debían ingresar al sistema conocido como ‘Fish Talk tradicional’, el que contendría información falsa al indicar menor cantidad de peces, lo que debía cuadrar con los datos de la guía de despacho y demás documentos físicos, que sería utilizada para informar y engañar” a Sernapesca y Subpesca, dijo el CDE.

Así, el CDE detectó una diferencia de 1,5 millón de smolts (crías de salmón) no declarados y 2 millones de peces muertos que no fueron declarados. Con estos índices, habrían podido aspirar a las bonificaciones de la Ley Navarino.

Daños ambientales

La acusación plantea que todo lo anterior hizo aumentar los desechos orgánicos del suelo marino por peces muertos, alimentos no consumidos y fecas, produciendo anaerobiosis y una disminución de oxígeno en los cuerpos de agua, lo que habría provocado un “grave daño ambiental”.

Asimismo, apuntó directamente a Nicolaides: “Realizó las condiciones necesarias y se concertó con terceros para mandar introducir al mar, por embarcaciones que prestaban servicio a la empresa acusada, toneladas de arena de playa, y una sustancia química denominada percarbonato de sodio, que fueron depositadas y vertidas en el lecho marino debajo del módulo de cultivo”.

Esto, siguió el CDE, afectó la biodiversidad y distribución de la fauna existente en el área de la concesión.

Respuesta de Nicolaides

Diario Financiero consultó a la defensa del exgerente general, representado por el abogado Alejandro Espinoza, quien se refirió a la acusación.

"Contiene graves errores jurídicos,  fácticos y de congruencia, que la hacen completamente inviable. Entre otros materias, se acusa a mi representado de haber instruido falsear datos de siembra en los centros de cultivo de salmones, datos que debían ser entregados a la autoridad fiscalizadora, todo con el objeto de obtener del fisco el 20%  de las ventas de  bonificación de la Ley Navarino", dijo.

"Sin embargo, aún cuando sea ciertos los hechos afirmados en la acusación, que se habría reportado información falsa entre 2016 y 2019, dicha información incide en que la autoridad disminuya la autorización de siembra en ciclos de siembra de años  posteriores, que no corresponden a los años en que se habría obtenido bonificaciones del fisco", argumentó el abogado defensor.

Asimismo, respecto a los daños ambientales, planteó que es la propia Superintendencia del Medioamiente (SMA), mediante una resolución exenta del 6 de julio de 2022, dictada en un procedimiento administrativo contra Nova Austral, "donde se descarta la existencia de un daño ambiental al fondo marino,  desestimando la  errónea y voluntarista acusación".